Félix Díaz: “Nuestro destino está en manos de la Corte Suprema de Justicia”.

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Por Liliana Giambelluca.

El qarashe Félix Díaz y miembros de la Mesa de Garantes de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh dieron una conferencia de prensa para informar que rechazaron ante la CSJN el relevamiento territorial realizado en la comunidad. Se anunció que la Auditoría General de la Nación auditará el relevamiento y está en marcha la elaboración de un Amicus Curiae. Los originarios podrían recurrir a organismos internacionales si la Justicia le da la espalda a sus reclamos.

Organismos defensores de derechos humanos que conforman la Mesa de Garantes en el diálogo de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh de Formosa con el gobierno nacional convocaron ayer a una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar que “la Mesa y los hermanos rechazamos absolutamente el relevamiento que hizo el gobierno nacional y provincial porque no se contempló el reclamo central, que es el reconocimiento de sus tierras ancestrales”, dijo Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza), al abrir la conferencia.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Aldo Echegoyen (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional), también integrantes de la Mesa, se pronunciaron en igual sentido.

En agosto del año pasado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa comenzaron un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras donde habita la mencionada comunidad qom. En mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) había ordenado a las autoridades nacional y provincial que den cumplimiento a la Ley 26.160, dando lugar al reclamo iniciado por Félix Díaz.

Terminados los trabajos se realizó una nueva cartografía, pero un sector de la comunidad lo rechazó porque los terrenos donde vive la familia Díaz y otras veinte familias no fueron relevados, por lo que las tierras quedaron en condiciones de “ocupadas”.

“Al desconocer nuestra ocupación ancestral, pasamos a ser usurpadores y nos inician causas penales. Es una estrategia jurídica para legitimar el despojo”, dijo Félix Díaz en la conferencia de prensa.

También se limitó la participación de Díaz y sus vecinos en los aspectos técnicos territoriales que ellos conocen.

El pastor kirchnerista Cristino Sanabria formó parte de esas actuaciones irregulares de los funcionarios, por lo que aceptó el resultado del relevamiento sin cuestionarlo.

El conflicto se inició cuando en tierras de la comunidad comenzaron trabajos de desmonte y demarcación iniciados por el Estado provincial para construir el Instituto Universitario Agropecuario, dependiente de la Universidad Nacional de Formosa. Para ello, en 2010 los originarios fueron desalojados de su territorio por la fuerza policial y quemadas varias de sus viviendas.

Félix Díaz presentó ante los tribunales federales de Resistencia, Chaco, una medida cautelar de no innovar en el marcado de las tierras ancestrales y reclamó su restitución. La causa está caratulada “Comunidad Indígena Toba La Primavera-Novogoh c/ Formosa, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, y en la actualidad se tramita ante la Secretaría de Juicios Originarios de la CSJN.

El 7 de marzo de 2012, el máximo Tribunal citó a las partes para celebrar una audiencia pública y destacó que “La decisión se sustenta en la gravedad de los hechos de violencia producidos con motivo del conflicto generado por los trabajos de desmonte y demarcación iniciados por el gobierno provincial”, por lo que es necesaria la “adopción de medidas conducentes a la superación del estado de cosas referido”.

“Nuestro destino está en manos de la Corte Suprema de Justicia”, dijo ayer el referente qom, y continuó: “Ojalá que los jueces analicen profundamente el tema y tomen decisiones a favor de nuestra comunidad y no a favor de un partido político. Si lo hacen, serán un ejemplo de reparación histórica del abandono y la injusticia que padecemos los pueblos indígenas, pero si resuelven de manera negativa, estarán legitimando el genocidio silencioso que padecemos”.

Luego Aldo Echegoyen destacó “la falta de voluntad política por parte de las autoridades formoseñas”. Informó que la semana pasada, los integrantes de la Mesa de Garantes presentaron ante la CSJN un documento donde señalan que “el relevamiento se hizo de manera incorrecta, a la vez que no se reconoce la totalidad del territorio a la comunidad qom. Esperamos que la Corte lo tenga en cuenta”.

A continuación, Nora de Cortiñas consideró que “este relevamiento nos ofende a todos los argentinos y es una provocación”. Se preguntó “¿qué van a contar estos funcionarios provinciales y nacionales cuando pasen los años? ¿Contarán su perversión inhumana e inmoral como funcionarios?”. Dijo que le “duele” lo que está ocurriendo con los pueblos originarios y que “la lucha de este pueblo y de nuestros 30 mil desaparecidos no fue para vivir esta situación”.

Adolfo Pérez Esquivel destacó que “estamos en un plan de lucha para que se respeten los derechos de los pueblos originarios. No sólo es un problema de la comunidad qom, es un problema de todos los pueblos originarios del país”. Comunicó que le pidió a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, una auditoría de los relevamientos realizados en la comunidad qom y también refirió a la presentación ante la CSJN. Dijo que “si esto no funciona hay que recurrir a los organismos internacionales, pero primero tenemos que agotar nuestras instancias jurídicas”.

LA AGN AUDITARÁ EL RELEVAMIENTO TERRITORIAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD QOM

Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), abogado experto en derecho internacional, manifestó que aceptaba el pedido del Premio Nobel de la Paz, de realizar una auditoría para saber cómo se efectuó el relevamiento, “sobre todo para conjurar la posibilidad de que haya sido un instrumento de usurpación y no de reconocimiento de los derechos”.

También dijo que “si la Corte, que es la última instancia nacional, no puede ayudarlos a resolver este tema, que no se produzcan relevamientos ilegales, inconstitucionales e internacionalmente prohibidos y las agresiones siguen, el momento de la intervención de otras instancias internacionales, ha llegado”, porque “a esta comunidad se la está persiguiendo descaradamente desde instancias oficiales de gobierno y necesitamos una respuesta”.

Despouy dijo que los relevamientos territoriales “no se hacen para quitarles a los pueblos los derechos ancestrales sobre sus tierras, se hacen precisamente para que el Estado ofrezca las garantías que ninguno de esos territorios va a ser vulnerado, usurpado por el Estado o los privados”. En cambio, el relevamiento en la comunidad qom se transformó “en un instrumento de privación y de usurpación de esos derechos”, y ello “es una violación del derecho internacional, del derecho constitucional y también una violación de la propia ley que establece la obligatoriedad de los relevamientos territoriales”.

OTRAS MEDIDAS

También se anunció que se está elaborando un Amicus Curiae para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y si la comunidad lo pide la posibilidad de una denuncia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Pablo Pimentel dijo que “El último palenque que tiene el pueblo argentino es la Corte, si no dan respuesta apelaremos a los organismos internacionales, pero también saldremos a la calle. La calle, donde siempre se manifiesta el pueblo argentino”.

Convocaron a la conferencia de prensa el SERPAJ, APDH Nacional y APDH La Matanza, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Pueblos Originarios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Amnistía Internacional Argentina, Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), Resistencia Qom, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), entre otros.

EL OTRO “RELATO”

James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derecho indígena, a fines de 2011 recorrió comunidades originarias de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa, y se reunió con autoridades y representantes aborígenes. También visitó Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y se reunió con Félix Díaz y miembros de su comunidad qom. En diciembre de ese año instó al Gobierno argentino a dar “mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas”, que afrontan problemas de contaminación, salud y educación, entre otros. El relator manifestó que “una preocupación central” expresada por las comunidades es “la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales”, además de los “retrasos en los procesos de relevamiento territorial” y “los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras reclamadas por ellos”. En septiembre de 2012 elevó su informe final donde, entre otros temas, solicitó a la Argentina que se ponga fin a los desalojos de las comunidades indígenas hasta que no se defina el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras en disputa.

Por la parte argentina, el 23 de noviembre de 2011, organismos defensores de Derechos Humanos (SERPAJ, APDH y CELS) envían una extensa carta a la presidenta de la Nación, donde destacan que el gobierno formoseño sigue desconociendo los derechos de los originarios qom, a pesar de los acuerdos logrados en la mesa de diálogo.

El Gobierno de la Provincia de Formosa intentó obstaculizar la Mesa y la firma de los acuerdos logrados. En septiembre de ese año, durante una reunión, se mostró reticente a avanzar en las soluciones propuestas y abandonó el diálogo. Por su parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el gobierno de la Provincia, ni avanzó en las soluciones que son de su exclusiva competencia.

En marzo de 2012, invitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Félix Díaz viajó a Washington para exponer la situación de su pueblo, en el marco de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH ante la falta de seguridad que padece la comunidad qom. Se firmó un Acuerdo con funcionarios de la provincia y de la Nación.

En cuanto a la normativa provincial, la Ley Integral del Aborigen N° 426/84, de la provincia de Formosa, tiene como objeto garantizar “la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos” (art. 1°, del Capítulo 1). En su art. 12, del Capítulo II dice que la tierra de las comunidades aborígenes “no podrá ser embargada, arrendada a terceros ni comprometidos en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte bajo pena de nulidad absoluta. La tierra que se les otorgue no podrá ser enajenada (artículo 57, in fine, Constitución Provincial)”.

La ley creó el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), el que en el Área Tierra “brindará todo el apoyo técnico necesario para el traspaso definitivo de las tierras de los aborígenes de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley”.

Hasta el momento, el reconocimiento de la propiedad comunitaria contemplado en Ley Integral Aborigen, sólo es un enunciado.

El 6 de mayo de 2013, Adolfo Pérez Esquivel le escribió unas carta al gobernador de Formosa, Gildo Insfran, para manifestarle, entre otras cosas, que “hasta la fecha, ni su gobierno, ni el gobierno nacional han permitido un diálogo sincero y un reconocimiento hacia el derecho que la comunidad tiene a su territorio”, a la vez que “las agresiones y amenazas a la familia de Félix se hacen insostenibles”. Y le pregunta a Insfrán: “¿qué se está esperando con toda esta situación? ¿Que los violentos que agredieron a la familia de Félix sean más duros y terminen matando a alguien? ¿O que se provoque un enfrentamiento fuerte entre los hermanos qom?”.

De un tenor y preocupación semejante fue la nota que escribió en enero de este año el presidente de la Auditoría General de la Nación y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Leandro Despouy. Se pregunta ¿cuándo se detendrá el asedio criminal a los qom, a Félix Díaz y a su familia? ¿Cuando Félix Díaz y su pueblo abandonen su lucha? ¿Cuando finalmente sea encarcelado?”. El abogado entiende que “no se vislumbra el final” y que “de no cesar inmediatamente, esta escalada podría desembocar en más hechos irreparables”. Ante la falta de respuesta de la Justicia interroga si no habría “que buscar en el campo internacional la salida que nuestra arquitectura jurídico-institucional es incapaz de dar”. (“Cónica de un destino manifiesto”, diario Perfil, 3-1-2014)

Sin embargo, en julio del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que Formosa, hoy, es “una provincia modelo” y “la transformación de la década ganada”.

En cambio, Félix Díaz afirmó que “si uno mira quién es la que tiene más mortalidad infantil, más pobreza y más falta de vivienda, Formosa es la primera en todo”.

Liliana Giambelluca
Fotos: LG
Buenos Aires, 29 de abril de 2014

 

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