“Navidad sin presos políticos”: detenidos por corrupción envían mensaje a jueces y a la interna peronista.

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“Ojalá lleguemos a una Navidad sin presos políticos”. La frase en boca de Oscar Parrilli causó cierto desconcierto en filas del nuevo oficialismo. Algunos preferían atribuir los dichos a una tontería más –el término para descalificarlo era más duro- del flamante senador y viejo integrante del círculo de Cristina Fernández de Kirchner. Despegaban, por supuesto, a la ex presidente y a Alberto Fernández. Pero ocurre que esa declaración potenció el acto que, con esa consigna, fue convocado para hoy por varios detenidos en causas por corrupción: un mensaje a los jueces federales y también a la interna.

Eso último, la señal hacia el interior del peronismo-kirchnerismo, es indisimulable porque trasciende los cuestionamientos al uso de las prisiones preventivas y, en algunos casos, va acompañada de versiones sobre malestar de ex funcionarios por el abandono –sobre todo público- de ex compañeros y ex superiores de ruta. Por supuesto, nadie repara mucho en la desproporción y el costado ofensivo del lema de la convocatoria: la consigna “Navidad sin presos políticos” remite a épocas trágicas de dictaduras y a duras batallas por las libertades.

La marcha a los tribunales federales de Comodoro Py viene siendo impulsada desde hace días por Julio De Vido, Amado Boudou, Roberto Baratta, Luis D’Elía y Milagro Sala. Algunos de ellos hicieron referencia directa a la necesidad de que el “gobierno popular“ y el peronismo jueguen abiertamente y de manera decidida para presionar por su liberación. Después, se anotaron algunos kirchneristas algo inorgánicos con similares términos.

Parrilli, camino a jurar como senador nacional, le agregó un condimento nada menor. Por un lado, el punto es qué expresa él políticamente, porque no se trata de un referente con juego propio sino atado a la figura de la ex presidente. Y por el otro, cualquiera sea la respuesta a esa pregunta, le da aire a la movida de los detenidos y traspasa, al ponerle nombres propios, posiciones expuestas por la propia CFK y el presidente electo.

El nuevo senador se refirió a todos y sin reparos como presos sin condena. Pareció quedarse en ese punto –el uso de las prisiones preventivas- que en algunos casos ha generado razonables cuestionamientos. En rigor, no es la situación de Boudou, con sentencia de tribunal oral federal y Casación por el caso Ciccone. De Vido, que se encamina a un régimen domiciliario, tiene condena por la tragedia de Once pero está con preventiva por las causas de los cuadernos y los manejos en el yacimiento de Río Turbio.

Parrilli tomó además el argumento genérico de la “persecución política”, que atribuyó a “presiones” y “extorsiones” de la gestión de Macri sobre jueces, fiscales y empresarios. En otras palabras, no se detuvo en la cuestión del uso de una figura cautelar sino que apuntó sin vueltas a descalificar las causas.

La cuestión es que además, la referencia a la “Navidad sin presos políticos” lo hace compartir vereda con nombres y apellidos que en líneas generales han eludido tanto la ex presidente como Alberto Fernández. Los dos, cada uno a su manera, han hablado de lawfare –una guerra judicial de extensión regional, aunque selectiva– como mecanismo persecutorio a ella misma y a líderes considerados aliados, básicamente Lula y Rafael Correa.

Una fuente vinculada al nuevo oficialismo señalaba anoche que el presidente electo no utiliza la definición de “presos políticos” y sí cuestiona severamente el uso de las prisiones preventivas. CFK, por su parte, se ha restringido por lo general a hablar de una “persecución política” sobre ella y su familia.

El cuestionamiento al empleo de la figura de la prisión preventiva –que efectivamente era el núcleo inicial de Alberto Fernández- estaba centrado en los límites laxos de los motivos para aplicar esa medida y su uso por parte de algunos jueces federales en causas por corrupción. Son los casos más sonoros, aunque en realidad el problema, serio, supera por mucho los límites de Comodoro Py. Hace apenas diez días, fue oficializada una resolución con precisiones para la aplicación de los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El texto fue elaborado por la comisión bicameral encargada de monitorear la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

Eso hace a garantías fundamentales del proceso. No a las causas como tales. Hay otra zona de discusión: se trata de denuncias referidas a las consecuencias de decisiones políticas en el ejercicio del gobierno -y también de delegaciones funcionales- cuando, por supuesto, no se compruebe una decisión original delictiva.

Alberto Fernández fue más allá en su defensa de la ex presidente, aunque con declaraciones sólo referidas a ella. Habló de mentiras y pruebas inexistentes en procesos judiciales, algunos avanzados, que involucran directamente a CFK. No se refirió a nadie más con nombre propio.

Parrilli, en cambio, agregó un foco potente sobre la consigna que esgrimen ex funcionarios. Lo hizo en las puertas del Congreso, señalado por cierto sector del kirchnerismo duro como posible vía para un golpe definitivo a las causas más impactantes. Raúl Zaffaroni planteo la alternativa de una “ley de revisión extraordinaria” de los casos. Eduardo Barcesat habló de una intervención del Congreso sobre la Corte para que los jueces deban hacer un “control de calidad” de esos procesos judiciales.

Un dato mayor para las hipótesis más conspirativas. Y sin duda, inquietante para cualquiera, incluso en la interna. (infobae.com)

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